La reforma abre paso a resolver crisis de acceso, contaminación, concentración y sobrexplotación del agua y la degradación de las cuencas.
1.- El 07 de Enero de 2010, la presidenta Bachelet envió al Congreso la reforma Constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24, de la Constitución Política de la República, con el objetivo de consagrar el agua como un Bien Nacional de Uso Público. El fundamento de esta reforma, reconoce las deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos; y destaca la necesidad de enfrentar la gravísima degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua a nivel de todo el país.
2.- El avance de esta iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, materializada la tarde del 9 de Marzo, por seis votos a favor y tres en contra, aprobación que se suma a la lograda en la Comisión de Agricultura en enero pasado, permite que esta discusión se instale en el parlamento, en atención y respuesta a una demanda social urgente manifestada por un conjunto de organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesias, campesinos, indígenas, ambientalistas, organizaciones de mujeres y sindicatos de las empresas sanitarias.
3.- Las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo Chile, han constituido instancias de coordinación para denunciar públicamente la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua, amparada en el Código de agua de 1981. La sobreexplotación de los salares, lagos, humedales, ríos y napas subterráneas por la minería y la energía (donde 3 empresas poseen el 90% de los derechos); la contaminación provocada por la minería, la celulosa, y la industria; la sobreexplotación de agua subterránea por la agroindustria y la minería, que afectan áreas de alto valor ecológico, o que ponen en riesgo el agua potable rural de comunidades campesinas de todo el país, son prueba irrefutable de ello. La degradación de las fuentes de agua afecta las economías locales, empobreciendo y provocando la migración de comunidades campesinas e indígenas que aunque poseen derechos sobre sus aguas, las empresas mineras los han vulnerado.
4.- Las organizaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, seguiremos atentos la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley y compartimos las palabras de la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, diputada Laura Soto, quien calificó la aprobación de la reforma constitucional en su Comisión como una “gran noticia para el país” que reconoce el agua como un bien nacional de uso público. Coincidimos también con su apreciación de que “tiene que haber una reforma no sólo a nivel constitucional sino que una reforma en la cabeza de la sociedad chilena para entender que esto es absolutamente esencial y necesario”.
Por ello LLAMAMOS A LOS DIPUTADOS DE TODO EL PAÍS A APROBAR DICHA REFORMA en el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana.
Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida
